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Las nuevas medidas antifraude endurecen notablemente las sanciones

Foto: gaelx
Foto: gaelx
La publicación en el BOE, el pasado 28 de diciembre, de la Ley Orgánica 7/2012 supone la entrada en vigor de las nuevas medidas antifraude y el endurecimiento de las sanciones por estos hechos.

El Gobierno opta por la “pedagogía del palo” y busca reducir el fraude y la economía sumergida mediante la imposición de duras sanciones para convencer de que esas actuaciones son malas en lugar de crear una auténtica conciencia de lo de no se debe hacer.

A partir de ahora el cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas fantasma para defraudar o las situaciones de empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Además las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros podrán ser condenados a penas de entre dos y seis años de prisión.

Los fraudes a la Seguridad Social conllevarán penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Hechos como beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con hasta cinco años de prisión.

Esta condena podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto más trabajadores se vean afectados.

La prescripción de los delitos fiscales en los supuestos más graves pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Además se aumentan las multas a aplicar en estos casos. Si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esa cantidad.

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