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Las reclamaciones de Hacienda a los pensionistas que cobran del extranjero

Foto: ANSESGOB

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Hace meses que la Agencia Tributaria viene controlando a los pensionistas que cobran del extranjero, para verificar si las están declarando y sancionandoles si no lo han hecho.

La cuestión es que cualquier ciudadano residente en España ha de tributar en nuestro país por su renta mundial, es decir por todos los ingresos que perciba independientemente de su origen. Por tanto el no declarar esos ingresos supone una infracción tributaria.


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El caso de las pensiones del extranjero

Nos encontramos con la situación en la que un pensionista puede estar recibiendo pagos del extranjero por haber adquirido el derecho a ello al haber trabajado en su día en ese país.

Hablamos de cantidades relativamente pequeñas pero que igualmente han de declararse en el IRPF, ya que forman parte de esa renta mundial que esos contribuyente perciben.

La situación se agrava por el hecho de que, salvo que se trate de cantidades muy muy pequeñas, al tener dos pagadores (la Seguridad Social española y el organismo extranjero que le paga) ese contribuyente está obligado a presentar la declaración de la renta e incluir esas cantidades en la misma. Sin embargo si el total cobrado por esa persona se percibiera por un sólo pagador en muchos casos ya no existiría la obligación de presentar la declaración.


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La infracción tributaria

Podemos encontrarnos con dos situaciones. Una en la que estos contribuyentes hayan presentado la declaración y no hayan incluido esos ingresos, circunstancia que puede acarrear una sanción en función de la diferencia resultante entre el resultado de la liquidación presentada y la que debería haberse presentado.

La otra, más grave, es aquella en la que el contribuyente no ha presentado la declaración, por considerar que no llegaba a los ingresos mínimos para hacerla (siempre que procedieran de un solo pagador) y que al detectarse los dos pagadores sí estaría obligado.

En este segundo caso, al incumplir la obligación de declarar se le abriría un expendiente sancionador y acarrearía una sanción mínima de 150 euros a la que habría que añadirle el importe de la declaración resultante, el recargo correspondiente y los intereses de demora. Todo ello por cada ejercicio que se ha dejado de declarar.


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