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La responsablidad penal de las persona jurídicas

Imagen: r2hox

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El Código Penal, a través del artículo 31, establece los criterios de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que afecta de manera notable la actividad de las sociedades mercantiles, entre otras. Se regula que si en el desarrollo de la actividad de la empresa se cometen ciertos delitos no sólo se hará responsable y asumirá sus consecuencias la persona o personas que cometan dichos actos, sino que además la propia empresa podría tener que asumir ciertas consecuencias penales.

Se dan dos supuestos en los que se puede extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Por un lado por los actos cometidos por sus representantes y por otro por aquellos cometidos por personas que, sin ser representantes, pertenezcan a la empresa (trabajadores, socios, etc.) y cometan los hechos habiéndose incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad establecidas en las normas de actuación de la empresa.

Es muy importante señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se puede producir en los casos en que en el desarrollo de la actividad de la empresa se cometan alguno de los delitos que el propio artículo 31 establece y siempre que los actos realizados supongan un beneficio directo o indirecto para la empresa (directo, por ejemplo, obtención de un beneficio empresarial o indirecto como un ahorro de costes):

En concretro se señalan los actos que supongan la comisión de los delitos siguientes:

* Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis CP)
* Trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
* Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (art 189 bis CP)
* Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinquies CP)
* Estafa (art 251 bis CP)
* Frustración de la ejecución (art 258 ter CP)
* Insolvencias punibles (art 261 bis CP)
* Daños (art 264 quarter CP)
* Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los consumidores y de corrupción en los negocios (art 288 CP)
* Blanqueo de capitales (art 302 CP)
* Financiación ilegal de partidos políticos (art 304 bis CP)
* Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art 310 bis CP)
* Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art 318 CP)
* Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art 328 CP)
* Contaminación y exposición a radiales ionizantes (art 343 CP)
* Delitos de riesgo producidos por explosivos y otros agentes (art 348 CP)
* Delitos contra la salud pública (arts 366 y 369 bis CP)
* Falsificación de moneda (art 386 CP)
* Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis 1 CP)
* Cohecho (art 427 bis CP)
* Tráfico de influencias (art 430 CP)
* Incitación al odio y la violencia (art 510 bis CP)
* Terrorismo (art 576 CP)

Las consecuencias, en caso de que se establezca que la empresa es penalmente responsable, serán fundamentalmente económicas y consistirán en el pago de una multa, pero, en función de la gravedad de los hechos podría llegar a decretarse, incluso, la disolución de la misma.

Se prevé que la empresa quedará exenta de responsabilidad penal si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También si los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y si no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano supervisor.

La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado habrá de confiarse a un órgano de la empresa con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la misma En los casos de empresas de reducida dimensión dicha labor de supervisión podrá encomendarse al órgano de administración de la empresa.

Para más información sobre este tema puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
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