Fiscalidad, Sin categoría

El procedimiento de apremio tributario

capital
Foto: @alviseni

El hecho de que un contribuyente no cumpla con su obligación en el periodo voluntario abre la vía ejecutiva por parte de la Administración para reclamar el pago. Dicha vía se lleva a cabo mediante el procedimiento de apremio.

El procedimiento de apremio es administrativo y es una de las prerrogativas que tiene Hacienda dentro de su autonomía administrativa. Es un procedimiento unilateral que no permite al contribuyente discutir ni la cuantía de la reclamación ni las condiciones de la misma. Solo es posible la divergencia en cuanto a la procedencia del procedimiento y los posibles defectos del mismo.

El procedimiento de apremio se iniciará al día siguiente del término del periodo voluntario cuando no se haya producido el pago de la deuda contraida por el obligado tributario. Para que el inicio del procedimiento sea efectivo es indispensable que la Administración emita la providencia de apremio correspondiente, en la que debe figurar la deuda pendiente y que se notificará al deudor, requiriéndose el pago de dicha deuda y del recargo correspondiente y advirtiendo que en caso de nuevo impago se procederá al embargo de sus bienes.

Para proceder al pago de esta nueva deuda, el obligado tributario tendrá un plazo que dependerá de la fecha de recepción de la notificación, de manera que si la providencia de apremio se notificara en los quince primeros días del mes el plazo de pago finalizará el día 20 de ese mismo mes. Si se notificara en la segunda quincena del mes el plazo finalizará el día 5 del mes siguiente.

Si el obligado tributario pagara la deuda después de la finalización del periodo voluntario pero antes de recibir la notificación de la providencia de apremio, el recargo a pagar será del 5%. Si se pagara una vez recibida la providencia y dentro del plazo de pago fijado por ésta el recargo será del 10% y si se paga después de estos plazo el recargo a pagar será del 20%. El pago de la deuda en cualquiera de estas fases dará por finalizado el procedimiento.

Si no se paga la deuda el procedimiento seguirá su curso y la Administración podrá proceder al embargo de bienes del deudor hasta satisfacer la cantidad pendiente. Dicho embargo se producirá según las normas dictadas al respecto.

A la hora de impugnar el procedimiento, el deudor podrá solo acogerse a una serie de motivos: por haberse producido el pago o haber prescrito la deuda; por haber solicitado un aplazamiento de pago de ésta o por falta de notificación de la providencia de apremio o ésta contenga errores.

Para más información sobre este tema puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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