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Imagen: olarte.ollle

¿Pueden los inspectores de Hacienda entrar libremente en los negocios para llevar a cabo una inspección? ¿Hay alguna limitación de acceso para ellos? Pues, según la Legislación, los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria, que desarrollen actuaciones inspectoras, tienen la facultad de entrada y reconocimiento de las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones, donde existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

Por tanto la norma general dice que sí tienen acceso, sin embargo hay que tener en cuenta que cuando la persona o el representante de empresa inspeccionada o quien tenga asignada la custodia de esos lugares se oponga a esa entrada, los inspectores necesitarán una autorización escrita del delegado o del director de departamento del que dependan, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.

En todos los casos se establece que la persona o el representante de empresa inspeccionada o quien tenga asignada dicha custodia preste su conformidad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo. Es decir, que la falta de oposición se presupone autorización.

Partimos, por tanto, de que el sujeto inspeccionado puede oponerse a la entrada siempre que ésta no esté autorizada debidamente. Pero hay un caso más extremo todavía y que limita todavía más el acceso de los inspectores. Es el que se refiere a la protección constitucional del domicilio.

Cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o autorización judicial. Partiendo de esta premisa ¿en qué casos se aplicará esta norma?

En primer lugar la autorización judicial solo se aplica en los domicilios, se excluyen por tanto los locales públicos. Así, los autónomos que desarrollen su actividad dentro de su propio domicilio podrán acogerse a este tipo de protección. En cuanto a las sociedades, la protección constitucional se aplicará a su domicilio social.

Sin embargo esta última consideración debe matizarse. Se entiende domicilio social como el lugar que designan los estatutos sociales como señalado para el desarrollo de su centro de administración y dirección y ése será, exclusivamente el espacio protegido constitucionalmente. Por ejemplo, una empresa que desarrolle su actividad en una nave industrial en la que radica su domicilio social, la autorización judicial será necesaria para acceder a aquel espacio destinado a la administración y dirección del negocio (supongamos una oficina) mientras que para el acceso al resto de dependencias solo se tendrá en consideración la norma general.

Para más información sobre este tema puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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