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La afectación del vehículo y la deducción de sus gastos en el autónomo

Vehículo
Imagen: Nacho

La afectación del vehículo a la actividad del autónomo y la deducción fiscal de sus gastos a efectos del IVA es un tema que merece acalración y que se ha visto aclarado en parte con las recientes sentencias del TS.

Partamos del supuesto de que el autónomo necesita, para el desarrollo de su actividad, realizar desplazamientos periódicos, a visitar a clientes, a desarrollar la propia actividad, a realizar entregas de mercancías, etc. ¿En qué medida y cómo podemos incorporar ese vehículo a la actividad y deducir los gastos correspondientes?

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Si el autónomo dispone de dos vehículos se podría pensar que uno de ellos lo utiliza en su ámbito personal y el otro en el profesional/empresarial. Pudiendo demostrar, si Haciendo nos lo requiere, la necesidad del uso del vehículo para la actividad y la existencia de un vehículo en exclusiva para ella sería lógico pensar que los gastos de éste se podrán deducir fiscalmente.

Si solo disponemos de un vehículo y lo dedicamos al ambito personal y al empresarisl/profesional indistintamente no es posible la deducción de todos los gastos y habría que estimar qué porcentaje de uso corresponde al primer caso y cual al segundo.

La base legal que marca el Tribunal Supremo

Reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 705:2018 ) dicta el criterio a establecer para determinar la afectación del vehículo a la actividad por parte de los autónomos.

Siempre bajo el criterio de justificar la necesidad de utiliación del vehículo para la actividad, se determina que se parte de una afectación del vehículo del 50%. Habrá de ser el contribuyente el que acredite que la utilización de ese vehículo para la actividad sería susceptible de incrementar ese grado de afectación y en qué medida ese grado debe ser mayor.

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Este criterio no hace otra cosa que aplicar el establecido en el artículo 168 b) de la Directiva 2006/112/CE, y entiende que “se limita a establecer que el derecho a deducir debe reconocerse en la medida en que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravada, de donde se infiere claramente, a criterio de este Tribunal, que lo que no cabe es una norma o una práctica que impida el ejercicio del derecho cuando no se alcance un determinado grado de afectació

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