Foto: ArchiM

 

Poco a poco van aumentando las entidades de crédito que suscriben el contrato de adhesión a la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para tramitar y conceder los préstamos sin interés con los que satisfacer el pago del alquiler de vivienda habitual.  Existe convenio con : BBVA, Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente.

Recordamos que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo estableció medidas para arrendatarios personas físicas en situación de vulnerabilidad económica que no pudieran hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. 

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Se entiende persona con vulnerabilidad económica:

  • El arrendatario que pasa a situación de desempleo, (ERTE), o ha tenido que reducir su jornada para cuidar a otros, o es trabajador por cuenta propia que ha cesado en la actividad y esto le supone una reducción sustancial de ingresos.

Se considera perdida sustancial cuando los nuevos ingresos del arrendatario más los del resto de la unidad familiar* no alcancen los 1.613,52-.€ (IPREM x 3), esta cantidad se incrementará en 53,78-.€ (IPREM x 0,1) por cada hijo a cargo en la unidad familiar y por cada persona mayor de sesenta y cinco (65) años miembro de la unidad familiar. Si la unidad familiar fuera mono parental, el incremento por cada hijo a cargo en la unidad familiar será de 80,68-.€ (IPREM x 0,15).

Estas cuantías se incrementarán en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar sea discapacitado o sufra una enfermedad grave.

Las personas con vulnerabilidad económica podrán acogerse a las medidas siguientes:

A) SOLICITUD DE MORATORIA

SI SU ARRENDADOR ES GRAN TENEDOR O ENTIDAD PÚBLICA DE VIVIENDA

Se entiende como gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.  

  • Solicitud de moratoria en el pago del alquiler.

Se aplicará la moratoria cuando la renta vigente y cantidades asimiladas, en su caso, más los gastos de la vivienda arrendada sufragados directamente por el arrendatario correspondientes a suministros energéticos, de agua corriente, de telecomunicación fija y móvil, y comunidad de propietarios; ascienda a una cantidad igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

No se tendrán en cuenta otros gastos, que podría estar soportando directamente el arrendatario y fueran inherentes al uso de la vivienda como las tasas (alcantarillado, basuras), el seguro, seguridad (Alarma) o el pago del IBI, en su caso.

La moratoria no podrá solicitarse cuando cualquier miembro de la unidad familiar que habite la vivienda arrendada, sea titular del 100% del pleno dominio o del usufructo por cualquier título, o sea titular de una cuota parte indivisa del pleno dominio o del usufructo adquirida por transmisión inter vivos; de alguna vivienda en España, de la no esté privado de su uso por causa de separación o divorcio, inaccesibilidad por razón de discapacidad o cualquier otra causa ajena a su voluntad.

  • La moratoria se solicitará mediante un escrito dirigido al arrendador en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley (plazo ampliado en dos meses más, hasta el 2 de julio) el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. Esta moratoria es de obligada aceptación si se cumplen las condiciones antes expuestas.
  • El aplazamiento afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por el Gobierno y a las mensualidades siguientes a su finalización, prorrogables una a una, mientras dure la situación de vulnerabilidad, hasta un máximo de cuatro (4) meses.
  • La moratoria no supondrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Concluido el estado de alarma y una vez superada la situación de vulnerabilidad del arrendatario, o en todo caso cuatro meses después de la finalización del estado de alarma, la deuda que quedó aplazada se fraccionará y se abonará junto con la renta de, al menos, las siguientes treinta y seis  mensualidades, o de todas las mensualidades que faltaren para la extinción del arrendamiento si fueren menos de treinta y seis. El arrendador podría consentir en un fraccionamiento mayor a estos plazos.

El arrendador podrá sustituir la moratoria por una quita o condonación parcial, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de la renta. En este caso sólo se reduce el pago de la renta, no el de otros conceptos que puedan estar incluidos en el alquiler como consumos energéticos, gastos de comunidad, seguros o cualquier otro, se deberán pagar en su integridad y en el plazo contractualmente previsto.

La quita o condonación afectará a las rentas que correspondan  al tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, mientras dure la situación de vulnerabilidad, hasta un máximo de cuatro meses. En el caso de meses incompletos como es el de marzo de 2020, o como pudiera ser el último mes de aplicación de la quita, se hará un prorrateo diario.

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SI EL ARRENDADOR NO ES GRAN TENEDOR O ENTIDAD PÚBLICA DE VIVIENDA

El arrendatario que cumpla las condiciones de vulnerabilidad podrá solicitar en el plazo de 3 mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario. No obstante el arrendador no está obligado a aceptarlo.

  • FORMA DE SOLICITUD

Además la solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa del derecho a la moratoria:

–  Certificado acreditativo de la situación de Desempleo o ERTE emitido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

Si se trata de cese de actividad de autónomo, documento equivalente acreditativo del hecho.

 Libro de Familia o documento acreditativo de pareja de hecho, y un Certificado de Empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la solicitud y a los seis meses anteriores.

– La acreditativa al conjunto de los ingresos de la unidad familiar y de la discapacidad o dependencia, si las hubiera.

– La acreditativa, en su caso, de los gastos de la vivienda arrendada sufragados directamente por el arrendatario y correspondientes a suministros energéticos, de agua corriente, de telecomunicación fija y móvil y de la comunidad de propietarios.

– La acreditativa de que ninguno de los integrantes de la unidad familiar es titular del 100% del pleno dominio o del usufructo por cualquier título, o titular de una cuota parte indivisa del pleno dominio o del usufructo por título inter vivos de alguna vivienda en España. Se establece en la norma que se acreditará mediante nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad.

– Una Declaración Responsable del arrendatario relativa a cumplimiento de todos los requisitos que le hacen beneficiario de la moratoria.

Esta documentación podrá sustituirse, en caso de no poder aportarla, por una Declaración Responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma, que no de la moratoria,  dispondrá del plazo de un mes para la aportación de esos documentos que no hubiese podido obtener antes

El arrendador que reciba una solicitud de moratoria tendrá un plazo de 7 días laborables para aceptarla, comunicar al inquilino la sustitución de la moratoria por la condonación del 50% del alquiler o rechazar la solicitud, indicando los motivos por los que considera que no se cumple alguno o algunos de los requisitos legales para aplicar la moratoria.

En caso de falta de respuesta del arrendador, el arrendatario podrá aplicarse la moratoria, sin perjuicio de que esta se pueda revocar posteriormente, si no se cumplieren todos los requisitos legalmente establecidos.

Aceptada la moratoria, se deberá emitir una factura o recibo de abono por la renta y cantidades asimiladas, en su caso, correspondiente los días de alquiler transcurridos desde la declaración del estado de alarma que ya hubieran sido cobrados. Se dejarán de emitir facturas o recibos hasta que, finalizado el estado de alarma, se supere la situación de vulnerabilidad del arrendatario y se alce la moratoria.

Si transcurridos cuatro meses desde la finalización del estado de alarma, el arrendatario no ha comunicado haber superado la situación de vulnerabilidad, se alzará la moratoria y la suspensión del pago de la renta.

Una vez alzada la moratoria, la deuda acumulada se fraccionará en treinta y seis cuotas iguales, salvo que el arrendador consienta en un fraccionamiento mayor. En caso de que faltaren menos mensualidades para el vencimiento del contrato (incluyendo sus prórrogas legales) la deuda se fraccionara en tantas cuotas iguales como mensualidades de vigencia del contrato resten.

En el mes inmediatamente siguiente al del alzamiento de la moratoria, se emitirá la factura o  recibo correspondiente a dicho mes, incluyendo la primera de las cuotas en que se haya fraccionado la deuda aplazada, y así, en los meses sucesivos. La renta mensual y la cuota de la moratoria se satisfarán en la forma y plazo que correspondan según el contrato.

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B) SOLICITUD DE PRÉSTAMO AVALADO POR EL ICO

Los préstamos podrán otorgarse a los arrendatarios de vivienda habitual, residentes en España, con contrato de arrendamiento en vigor suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que reúnan de forma conjunta los requisitos que aquí se establecen:

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19

Los préstamos deberán ser solicitados por el arrendatario ante la entidad de crédito antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán formalizarse antes del 31 de octubre de 2020. Irán destinados al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual. El contrato de arrendamiento deberá corresponder a la vivienda completa, pudiendo incluir el mobiliario, los trasteros, y las plazas de garaje y otras dependencias anexas a la vivienda, pero excluyendo los acuerdos de subarriendo y el alquiler de habitaciones.

El importe máximo del préstamo avalado será hasta el 100% del importe de seis mensualidades, en virtud del contrato de arrendamiento de vivienda vigente, con un máximo de 5.400 euros, a razón de un máximo de 900 euros por mensualidad.  Las seis mensualidades podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo entre la entidad y el arrendatario ni posteriores al fin de la vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.

La entidad, previa comunicación para su toma de razón al titular del préstamo, establecerá los procedimientos para abonar las cuantías correspondientes a las mensualidades directamente a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, en una cuenta corriente que identificará al arrendador y de la que éste deberá ser titular.

El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se prevea en el contrato o se acuerde periodicidad distinta, y, en su caso, con un pago inicial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas desde el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo. La entidad de crédito deberá conservar el justificante de cada uno de los pagos que realice

Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

Si el arrendador hubiera aceptado la moratoria o la condonación parcial de la renta, ésta se extinguirá si el arrendatario accediere a la ayuda transitoria de financiación sin gastos e intereses avalada por el Estado (artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo).

Dejará de aplicarse la moratoria o condonación en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.

ARRENDAMIENTO DISTINTO DE VIVIENDA

La posibilidad de pedir una moratoria, de forma similar a la de los arrendamiento de vivienda ya no existe, pues su plazo era de un mes desde la publicación del Real Decreto, por lo que finalizó el 23 de mayo. La financiación del ICO se destina al arrendamiento de vivienda habitual.

 

Para cualquier duda o consulta sobre este u otros temas, podéis contactad con nosotros.

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