Como ya indicamos en un post anterior, la interpretación que hacíamos de sobre el paso de ERTEs de fuerza mayor total a fuerza mayor parcial era a instancia de la empresa, en función del reinicio de la actividad y no tanto por la posibilidad de dicho reinicio.

Una reciente respuesta de la Dirección General de Empleo a una consulta realizada sobre este aspecto viene a confirmar este criterio.

 

La duda principal venía dada por el literal de la norma que indicaban el paso a la fuerza mayor parcial “desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020” y por otro lado que “las empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada“.

La cuestión era ¿se pasa obligatoriamente a fuerza mayor parcial por la posibilidad de realizar la actividad o bien con la certeza de que se reanuda la actividad y la necesidad de recuperar a los trabajadores?

 

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Lo que se resuelve es que “la fuerza mayor parcial no actúa de forma automática en aquellas actividades económicas que puedan reiniciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales referentes al proceso de desescaladasino en la medida en que las causas del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020 permitan parcialmente el inicio de la actividady las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen, incluso antes del 13 de mayo, y la forma o porcentaje en que lo hagan, entendiéndose en otro caso en fuerza mayor total“.

Por otro lado, en lo que se refiere a la fuerza mayor total “se refiere a las empresas que continúan aplicando las medidas autorizadas de suspensión o reducción de jornada, afecte a toda o a parte de la plantilla,en la medida en que las causas referidasen el artículo22.1 del Real Decreto-ley 8/2020,impidan el reinicio de su actividady, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020“.

En definitiva, si la empresa decide no reanudar la actividad, pese a poder hacerlo, seguirá en causa de fuerza mayor total, con las exenciones correspondientes. Si reanuda la actividad pasa a fuerza mayor parcial y se le aplicarán los costes de Seguridad Social que el Real Decreto-ley 18/2020 estableció.

 

 

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