Una reciente sentencia del TEAC de 9 de junio de 2020 ha puesto de nuevo en la palestra el debatido tema de la prescripción tributaria.

A todo el mundo le suena que las deudas prescriben a los cuatro años, a contar desde el día siguiente a aquél en el que finalice el plazo de pago en periodo voluntario. El conocido plazo de los cuatro años es aplicable también a una serie de actos de trascendencia tributaria. Así, prescribirá en ese tiempo (artículo 66 de la Ley General Tributaria):

a)  El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b)  El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c)  El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d)  El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

El precepto recogido en el apartado a) ha sido objeto de aclaración en la sentencia del TEAC, que versa sobre el dilema de si está facultada la Administración Tributaria para exigir al contribuyente la revisión de una declaración o una liquidación presentada hace más de cuatro años.

En el caso que ocupa al tribunal, la Administración practica una revisión de IVA de un ejercicio prescrito (2011). Una vez finalizada esta revisión, se concluye que el saldo compensado en 2012 (ejercicio no prescrito en aquél momento) procedente del ejercicio anterior es erróneo.  La Administración pretende corregir esa compensación ya aplicada, practicando una nueva liquidación del ejercicio 2011 de la que derive un saldo real.

El contribuyente se opone en base al artículo 66 antes enunciado, pues el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante una nueva liquidación ha prescrito, razonamiento que el Tribunal acepta, dando por firme la compensación efectuada, aún cuando se dio por demostrado que el saldo era inexistente. Se aclara también que la cantidad a compensar procedente del ejercicio prescrito es un saldo y no son cuotas.

No obstante, el TEAC recalca un punto no carente de importancia:

“(…) la Administración Tributaria puede comprobar operaciones realizadas en periodos prescritos, que siguen produciendo efectos en otros que no lo están, a los solos efectos de liquidar estos últimos. (..) Esta facultad de comprobar es imprescriptible (es el derecho a liquidar el que está sometido a prescripción). (…) La facultad de comprobación incluye la posibilidad, no solo de calificar las operaciones de forma distinta a cómo lo hizo el obligado tributario, sino de declarar que dichas operaciones fueron efectuadas en fraude de ley”.

¿Esto que significa?. Pues que la Administración sí puede comprobar un ejercicio prescrito. Lo que no puede hacer es practicar una nueva liquidación de ese ejercicio.

El artículo 115 de la LGT recoge las potestades de comprobación de la Administración Tributaria, facultándola para la revisión de ejercicios ya prescritos, siempre y cuando ésta sea necesaria para liquidar un ejercicio no prescrito.

Esta facultad le permitiría, por ejemplo, comprobar un crédito fiscal generado en un ejercicio prescrito para determinar la legalidad de su compensación en un ejercicio posterior.

Por lo tanto, hay que distinguir entre la facultad para liquidar (que se mantiene en 4 años) y la de investigar (que no prescribe, aunque se limita a 10 años en el caso de compensación de bases imponibles negativas, deducciones aplicadas o pendientes de aplicación o cuotas a compensar).

Ahora bien, también se señala que las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado solo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho a determinar estas últimas.

Es decir, solo se podrán exigir comprobantes de un ejercicio prescrito si sus efectos se arrastran a un ejercicio que no lo está, y que es el que se pretende revisar.

Vamos a verlo con un ejemplo sencillo:

Una empresa ha efectuado en 2015 un donativo de 2.000 euros. Los donativos son deducibles en Sociedades en el porcentaje del 35% y con el límite del 10% de la base imponible del ejercicio. El exceso se deduce en los 10 años posteriores.

La empresa podrá deducir: 35% de 2.000 = 700 euros.

Ahora bien, su base imponible es 5.000, con lo cual la deducción está limitada a: 10% de 5.000 =500

Los 200 euros restantes podrá deducírselos en los 10 años posteriores.

El derecho de la Administración a practicar una liquidación paralela del Impuesto de Sociedades de 2015 vence el 26 de julio de 2020 (cuatro años desde el día siguiente a finalizar el plazo voluntario para el ejercicio 2015, que sería desde el 26 de julio de 2016, al presentarse el impuesto a año vencido).

El 1 de septiembre de 2020 la empresa recibe la comunicación de un procedimiento de comprobación del ejercicio 2016. El contribuyente estará obligado a presentar la documentación que se le exija generada en el ejercicio 2015 (aunque este ejercicio esté prescrito) a efectos de verificar la correcta aplicación de la deducción en 2016, pues el ejercicio 2016 no está prescrito.

Además la normativa mercantil establece la obligación de conservar la documentación durante 6 años, salvo que otra norma exija un plazo mayor (la normativa tributaria vincula el plazo de conservación al de prescripción, es decir, 4 años, pero prima el plazo establecido por la legislación mercantil).

El caso del IVA que aborda el TEAC es distinto porque además, como aclara el Tribunal, impedir la compensación beneficiaría a los contribuyentes que hubieran optado por pedir la devolución al final del ejercicio. Si a éstos no se les puede reclamar la devolución, por provenir de un ejercicio prescrito, lo lógico es que a los que solicitaron la compensación se les permita practicarla, evitando así un trato diferenciador.

 

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