La consideración del arrendamiento de inmuebles como actividad económica es un tema largamente debatido en las sentencias de los Tribunales, especialmente en lo que respecta a la aplicación de los incentivos fiscales de los que gozan las entidades de reducida dimensión. Estos incentivos permiten, entre otras cosas, aplicar en el impuesto de Sociedades un tipo impositivo del 25% (sobre los primeros 300.000 euros de base imponible) y al exceso el 30%.

La calificación como entidad de reducida dimensión se realiza en base al volumen de facturación alcanzado en el ejercicio inmediato anterior, que no debe superar los 10 millones de euros. Pero está vinculado también al desarrollo de una actividad económica, algo que no siempre se entiende realizado en el caso de los arrendamientos.

El artículo 27 de la Ley del IRPF nos dice que se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

En función de esta premisa, una sociedad dedicada al arrendamiento que no disponga de un empleado contratado a jornada completa no estaría realizando una actividad económica y, por lo tanto no puede aplicar unos incentivos que pueden resultarle muy beneficiosos si no supera los 10 millones de facturación.

Las entidades de reducida dimensión gozan de:

  • LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN. Pueden amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias puestos a disposición del sujeto pasivo en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones de reducida dimensión (cumpliendo determinados requisitos, como es el incremento de la plantilla media de trabajadores que se mantenga durante 24 meses)
  • LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN PARA INVERSIONES DE ESCASO VALOR.  Amortización libre de los elementos del inmovilizado material nuevos puestos a disposición del sujeto pasivo en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones de reducida dimensión cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, con el límite de 12.020,24 euros referido al período impositivo.
  • AMORTIZACIÓN ACELERADA.  Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así como los elementos del inmovilizado intangible, puestos a disposición del sujeto pasivo en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones de ERD, podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
  • PÉRDIDAS POR DETERIORO DE LOS CRÉDITOS POR POSIBLES INSOLVENCIAS DE DEUDORES. Las entidades de reducida dimensión podrán deducir una pérdida por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores hasta el límite del 1% sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo, salvo que se hubiera reconocido una pérdida por deterioro individual o que se trate de deudores cuyas pérdidas por deterioro no tengan el carácter de deducible.
  • AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES OBJETO DE REINVERSIÓN. Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias en los que se haya reinvertido el importe obtenido por la transmisión de otros elementos de inmovilizado podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 3 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas. Cuando el importe invertido sea superior o inferior al obtenido en la transmisión, la amortización acelerada se aplicará sólo sobre el importe de dicha transmisión que sea objeto de reinversión (incentivo solo aplicable para las empresas que lo vinieran disfrutando antes del 1 de enero de 2015).

Vemos pues que, de la calificación del arrendamiento como actividad económica o no pueden derivarse importantes consecuencias fiscales. No obstante, en la resolución del 29 de junio de 2020 (RG 1027/2019), el TEAC da un vuelco a la situación, invalidando el criterio seguido hasta ahora por los tribunales ( por ejemplo en la Resolución del TEAC de 30 de mayo de 2012). En la resolución del 29 de junio se aclara que:

“A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (…)  la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo como tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la LIRPF (…) solo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo inmediato anterior sea la fijada en el artículo 108 de la LIS“.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 de la LIRPF no es tampoco condicionante para poder acogerse al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Título VII Capítulo III TRLIS, artículos 53 y 54), tal como aclara la Sentencia del Tribunal Supremo 1108/2020, de 23 de julio de 2020.

Por lo tanto, las entidades que se dedican al arrendamiento de inmuebles están de enhorabuena al verse equiparadas, en lo que a incentivos fiscales se refiere, al resto de sociedades que realizan actividades económicas.

 

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