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La pensión de viudedad de la Seguridad Social

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Como norma general, tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, el cónyuge superviviente de la persona que se encontrase de alta o en situación asimilada a la de alta en la Seguridad Social en la fecha de su fallecimiento y hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. También tendrá derecho a esta pensión el cónyuge superviviente aunque el fallecido, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que éste hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

También se tiene derecho a la misma cuando el fallecido era perceptor de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural o en caso de que fueran titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente. En los casos de trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente también darán origen al derecho a estas pensiones.

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El funcionamiento del régimen de Autónomos

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Foto: Libertinus

El Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos es el que regula las condiciones de cotización y las prestaciones que reciben de la Seguridad Social aquellos trabajadores que desempeñan una actividad económica a título lucrativo de forma habitual, personal y directa.

Se presume, salvo prueba en contrario, que se tiene la condición de trabajador autónomo cuando se ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

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Los delitos tributarios

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Foto: La Moncloa

Los delitos tributarios se encuentran definidos en el artículo 305 del Código Penal como delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. De tal manera que cometerá este tipo de delitos quien por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar a cuenta o quien haya obtenido indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.

Para que se considere delito hay que tener en cuenta que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados debe exceder de 120.000 euros. En caso de delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, se alcanzará esta consideración si la cuantía excede de 50.000 euros.

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El convenio especial de la Seguridad Social

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El convenio especial de la Seguridad Social es un acuerdo que se establece entre este Organismo y la persona interesada en generar, mantener o ampliar sus prestaciones sociales para determinadas circunstancias. Es un acuerdo voluntario y el interesado es quien se hace cargo del pago de las cuotas que originan esos complementos. La suscripción del convenio supone que se considere al interesado en situación asimilada al alta en el Régimen de la Seguridad Social que le corresponda.

Se podrán acoger a un convenio especial y beneficiarse del mismo los trabajadores y pensionistas que se encuentren en las situaciones siguientes:

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El trabajador autónomo económicamente dependiente

Foto: Victor Santa María

Se considera trabajador autónomo económicamente dependiente la persona física que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que percibe, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Además de ese criterio económico hay otra serie de condiciones que otorgan la consideración de autónomos dependiente que tienen que ver con la imposiblidad de tener trabajadores a su cargo y su condición de independencia organizativa y asunción del riesgo de la actividad a realizar.

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